Seremi de Gobierno destaca Promulgación de la ley de retiro de cables

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La ley establece que las concesionarias y permisionarias serán responsables de la instalación, identificación, modificación, mantención, ordenación, traslado y retiro de líneas aéreas o subterráneas de cables.

En 2018 se retiraron más de 500 kilómetros de cables en desuso. A  marzo de 2019, en tanto, se han retirado más de 647 kilómetros. La mayoría, en la región Metropolitana, seguida por La Araucanía y Valparaíso, mientras que en O’Higgins se ha alcanzado la cantidad de 5.650 metros.

Al respecto la seremi de Gobierno de O’Higgins, Milena Acevedo, indicó que la ley de cables es una gran iniciativa impulsada por el Presidente Sebastián Piñera que permitirá mejorar la calidad de vida de los chilenos  y embellecer los entornos en los que las personas habitan; “con esta ley lo que busca el presidente Sebastián Piñera es que los cables que no están siendo usados sean retirados y  de esa forma  lograr tener una ciudades más hermosa para poder disfrutar y más seguras,  porque los cables en desuso pueden representar un peligro. Como  lo ha manifestado el Presidente, la calidad de vida no solamente se trata de producción e inversión, sino que tiene mucho que ver con la calidad de nuestras ciudades y de esos aspectos nuestro gobierno se está haciendo cargo. Nuestra meta es poder sacar dos mil kilómetros de cables que están en desuso antes del término de nuestra administración”. La autoridad además agregó que los cables aéreos en desuso no sólo generan contaminación visual en la ciudad,  sino que también inseguridad, pues implican riesgos en caso de temporales y nevazones.

Entre los aspectos que señala la ley está la obligación de  las empresas de retirar los  cables que califique como desecho en un plazo no mayor a cinco meses.

Cualquier perjuicio que generen los trabajos de retiro, serán de responsabilidad de la concesionaria o permisionaria.

Si las empresas no retiraran los cables en el plazo establecido,  los municipios podrán hacerlo cobrando los gastos a estas. Además, arriesgarán una multa a beneficio municipal de 100 a 1.000 UTM (cerca de $ 50 millones).